Nuestra compañera de ÀGORA Laura Haro nos invita una vez más a la reflexión a partir de las notas recogidas magníficamente en el último Parlem de…que tuvo lugar el pasado jueves dia 2 de marzo.

Así empieza…

Sin movernos del Centro Histórico de Lleida, esta vez Ágora de Treball Social y todas aquellas personas que tuvieran disponibilidad e interés en el tema, nos reunimos en la Vermuteria LO CARRINCLÓ de Lleida, en el corazón del Centro Histórico.

Alrededor de las 19 horas, y después de una breve rueda de presentaciones, Ramon Julià, nos invitaba a la reflexión haciendo hincapié en que, si bien es cierto que todas somos víctimas de la Administración y su revolución tecnológica, hay personas que la sufren de manera más dura que otra.

Seguidamente asentaba los objetivos del 9º Parlem de… “¿Está la Administración? Pues que se ponga…”:

  • Escuchar experiencias
  • Poner de manifiesto situaciones del todo injustas
  • Plantear que se puede hacer ante todo esto

Y presentaba el estado de la cuestión a partir de algunas noticias recogidas en los medios de comunicación digitales, redes sociales y otros:

  • Noticia del Diari ARA del pasado 3/12/2023 con el titular siguiente “Tres cuartas partes de los extranjeros pagan a terceros para conseguir cita previa en Barcelona”
  • Otra que recoge el diario el MUNDO con fecha y que hace referencia al “Colapso en las oficinas de la Seguridad Social: “Esto es un cachondeo, llevo cuatro meses para pedir una cita para jubilarme”
  • Desde el canal de televisión de La Sexta titulaban “Atasco en la Seguridad Social. Así funciona el oscuro negocio de cobrar por lograr una cita previa con la Seguridad Social.
  • El Independiente recoge “La cita previa enfrenta a miles de pensionistas con la Seguridad Social, y añade que según los cálculos del CSIF el año pasado 3,8 millones de llamadas se quedaron sin responder en las oficinas del INSS.
  • El defensor del Pueblo quién “insiste ante el Ministerio de Seguridad Social que ha de corregir las demoras en las citas y la falta de atención presencial en las oficinas”
  • Peticiones change.org para parar la mala gestión y la mala praxis sobre el Ingreso Mínimo vital.
  • Nuestra compañera Belén Navarro, en su cuenta de twitter, recoge el laberinto burocrático al que las familias se ven sometidas para la tramitación de los bonos energéticos del gobierno, y como éstas acaban diciendo “por 200€ no me compensa todo este quebradero de cabeza”
  • Y, por último, el manifiesto sobre las “Dificultades de Accesibilidad a la administración pública” que aprobó recientemente el Consell de Ciutat de Barcelona en el que se recoge, entre otras, la exigencia a ser atendido presencialmente, sin necesidad de cita previa y el derecho a no relacionarse digitalmente con la Administración.

Empieza el debate señalando que los problemas de accesibilidad en las relaciones de los ciudadanos con las administraciones públicas se hacen más patentes, y dramáticos en algunos casos, cuando nos referimos a las administraciones estatales: INSS, SEPE, Extranjería, etc.

La falta de personal y que no reponen las plazas nos lleva a la hipótesis de que el futuro estará aún más marcado por la automatización de procesos y sustitución de personas por máquinas.

La cita previa, que se propagó con y como el Covid 19, y que buscaba evitar la excesiva concentración de personas en espacios cerrados, vino para quedarse. Se hace referencia a la periodista y activista Naomi Klein, quién señala que se “aprovechan momentos de trauma colectivo para dar el pistoletazo de salida a reformas económicas y sociales…”

¿Qué consecuencias tiene todo ello para las personas? Consecuencias demoledoras.

Derechos fundamentales, como los derechos humanos, se están viendo dañados. El debate se centra en uno de ellos: el derecho de asilo. Éste existe, pero está privado porque no hay disposición de citas ya que estas están tremendamente colapsadas. Además, hay un entramado mafioso alrededor de todo ello, ya que existen unos programas informáticos que “cazan” citas en pocos segundos, citas que se venden después a pesar de que todo el proceso de solicitud de asilo es gratuito, incluido el trámite de solicitud de cita. Los asistentes nos preguntamos ¿por qué no se pone freno a todo esto? No accede la ciudadanía sino alguien que hace un uso totalmente mercantil.

Transita ahora el debate hacia la exclusión digital de las personas mayores que les impide el acceso a servicios y prestaciones. Algunos de nuestros mayores no tienen ni VISA. Y la exclusión financiera de algunas personas que encuentran serias trabas para poder abrir un número de cuenta bancario, con problemas debido al bloqueo de las cuentas por falta de documentación, etc.

Una compañera explica que recientemente se han incorporado en su equipo de trabajo (administración local), personas que han obtenido una autorización residencia y trabajo inicial, y que están teniendo dificultades para cobrar las primeras nóminas debido a la falta de TIE (ya que tardan unos meses en tenerla) y que la propia Administración no tiene capacidad o no contempla otra forma de pago que no sea la transferencia bancaria.

La alfabetización es el primer paso para la autonomía personal, pero también se señala como estamos retrocediendo en los niveles de alfabetización ya que cada vez hay más personas que no tienen acceso a la lectura y la escritura, quizás si en su lengua propia o materna, pero no en la nuestra. Quizás son personas funcionales en la gestión tecnológica, pero tienen dificultades con la lectura o la interpretación del texto.

¿Habla claro la Administración? ¿O existe también un problema de falta de un lenguaje accesible por parte de ésta?

Se indica que los procedimientos enrevesados son el alimento de las gestorías y asesorías y éstas hacen negocio de ello. Algunas de modo abusivo. Incluso algunas de estas gestorías y asesorías disponen de los programas informáticos de “caza” de citas anteriormente mencionados, lo que supone para ellas una fuente de ingresos y un abuso económico para las personas que atienden. ¿Será alegal?, dice un compañero.

Una compañera recuerda como en Guissona se organizaron autobuses para facilitar traslados a la Policía para tramitar solicitudes de protección internacional, y como también el SOC se trasladó al municipio para atender in situ a las personas, insistiendo así en que si hay voluntad se pueden hacer las cosas.

Otro compañero añade que en ocasiones se encuentra con personas que, a pesar de haber sido atendidas en gestorías y asesorías, previo pago, después tampoco tienen la información real y correcta. Una compañera pone como ejemplo, en relación al novedoso arraigo por formación, que no se les informa de que el contrato que presenten deberá estar relacionado con la formación recibida y acreditada para el arraigo.

También se menciona que hay academias formativas que entregan a las personas una hoja informativa del curso sin que haya después ninguna clase de compromiso de aceptarlos en la formación.

Alguien afirma, si pago, me facilitarán la información correcta y me harán bien los trámites, ¿quizás desconfían de lo gratuito? Una compañera afirma que la corrupción en determinados países está muy presente. Que un trabajador público pida dinero para obtener un beneficio individual puede ser algo habitual, así que entra dentro de mi concepción del mundo que me pidan dinero para estos trámites.

Incluso una joven estudiante de trabajo social que realiza voluntariado en un servicio dirigido a personas en situación de calle, indica que, en ocasiones, las personas atendidas le quieren pagar el café o la ayuda para algún trámite determinado.

Se señala una de las propuestas que sería la de hacer pedagogía en estos casos.

Una nueva pregunta, ¿por qué no hay una revolución? Todos lo aceptamos, todos nos resignamos.

Se añade además de las consecuencias para las personas, las consecuencias para otros sistemas que acaban supliendo al sistema. ¿Cuántas de nosotras hemos dado soporte en la tramitación electrónica del ingreso mínimo vital?

Refiere otra compañera que nos dimos cuenta de que hacemos de gestoras de los pobres, ¡y no sabemos! ¡Y no tenemos que saber! PORQUE NO SOMOS GESTORAS NI OFRECEMOS SERVICIOS DE GESTORIA.

Pero la realidad es que acabas retrasando la visita domiciliaria por papeles, CUANDO NUESTRO TRABAJO ES REALMENTE LA INTERVENCIÓN SOCIAL.

Debemos cambiar el discurso y empezar a decir que “LAS TRABAJADORAS SOCIALES NO PODEMOS TRAMITAR PORQUE HEMOS DE INTERVENIR”, aunque para algunas sea más fácil ejercer el trabajo social haciendo trámites.

Un compañero afirma que el sistema está basado en el asistencialismo y las ayudas.

Alguien lanza la siguiente pregunta. Si todo esto pasa desde hace años, ¿qué hace que esta maquinaria avance por mucho que hablemos y hablemos?

Se afirma que, para el sistema, lo que importa es el sistema, no las personas.

Señalamos también las tardanzas en valorar situaciones como el grado de discapacidad o la dependencia, y al hilo, una compañera comparte las repercusiones negativas que todo ello tiene para las personas. Añade que, en situaciones de empeoramiento de la situación de dependencia, la administración local no puede aplicar horas de servicio de atención domiciliaria porque se requiere previamente de la revisión económica del núcleo familiar que depende de otra administración y sus tiempos. Esta falta de agilidad y burocratización causa un daño en las personas. No es aceptable y no está al servicio de las personas.

Las personas que solicitan atención en aplicación de la Ley de Dependencia esperan durante largo tiempo, algo parecido ocurre con las personas que solicitar el IMV, ya que según apunta otra compañera en estos momentos aún están tramitando las solicitudes presentadas en junio. Una prestación dirigida a prevenir la exclusión social que no funciona.

La vara de medir no es la misma para la Administración que para las personas, porque para la primera, aunque no cumpla con los tiempos de tramitación de los expedientes no hay consecuencias.

Hablamos también de, en ocasiones, las discrepancias entre el encargo de la institución, y lo que te pide tu jefe.

La doble lealtad dice otra compañera, a la institución y a la persona que atendemos. Y un compañero señala que en la Universidad hablan de profesionales “emancipados” y no “serviles” porque tenemos una misión que es la de garantizar los derechos sociales de la población.

¿Qué se puede hacer ante todo esto?

  • Dice un compañero que esta transformación no tiene freno y que se hacía necesaria una transición justa, ética y socialmente responsable que no se está llevando a cabo y que la pandemia tampoco ha facilitado. Ello implica que hemos de atender humanamente y por lo tanto hemos de defender siempre el trato humano. La tecnología, añade otro compañero, tiene que ser para facilitar procesos no para entorpecer. Llegados a este punto hay que releer la entrada del compañero Toni Moya https://agorats.com/que-hay-de-la-revolucion-digital/
  • Y encontrar cómplices para hacer esta transición justa.

Y acabamos con una de las míticas frases de Mafalda que citó una compañera:

 ¡Resulta que, si uno no se apura a cambiar el mundo, después es el mundo el que lo cambia a uno!”

¡¡¡Y con unas cervezas…!!!

 

En Lleida a 5 de marzo de 2023