Hace ya unos años tuve la suerte de poder generar  reflexión alrededor de los cambios y el impacto sobre las familias que tuvo la Renta mínima de inserción en Cataluña, con un equipazo de compañeras de la trinchera de los servicios sociales de Lleida. Nuestra propuesta de investigación obtuvo el VI Premi de Recerca de Treball Social Dolors Arteman del col.legi de treball social de Catalunya. Aquí podéis consultar los resultados.

La RMI, decían, no era sólo una prestación económica, sino un instrumento básico para favorecer la integración y la autonomía de las personas, con la ayuda de un plan de trabajo individualizado que incluía acciones ocupacionales y sociales; Cierto es que la RMI ha contribuido a reducir la pobreza extrema, pasando de ésta a una pobreza relativa, que no autonomía económica. Pero llegó el decreto 384/2011 de 30 de agosto que  modificaba la Ley de la Renta Mínima de Inserción. Así, de golpe. Como un zasca. Sin valorar sus consecuencias sobre las personas.

La Ley 10/1997 planteaba que la RMI era un derecho de carácter universal garantizado por el sistema de servicios sociales de responsabilidad pública.  Hasta que dejó de serlo… con el decreto (reducción de las cuantías de la prestación, de los tiempos de resolución, de aumento y restricción de requisitos… unido a un contexto de crisis profunda que aumentó el número de familias con graves necesidades económicas, fruto en su mayoría, de situaciones de paro en sus miembros). Es decir, de las familias originariamente beneficiarias de la RMI, con clara problemática social, pasamos a las familias víctimas de pobreza económica generada por el contexto.

Las políticas sociales no estuvieron a la altura en Cataluña  (recortes en políticas de vivienda, de salud, de educación…) se unieron a un sistema injusto de protección social a los más desfavorecidos, que lógicamente, aumentaban cada día.

Los profesionales de los SSB teníamos un papel fundamental en la recepción o detección de las personas y familias que reunían los requisitos de acceso a la RMI (vaya, muy pobres).Así, era el deber diseñar un PIR (Plan individual de “reinserción”), teóricamente, con la participación de la persona. Al mismo tiempo que las políticas de ocupación se vieron heridas de muerte en Cataluña y los llamados itinerarios laborales tocaron fondo. Fusiladas.

Ahí quedamos nosotros, los y las trabajadores sociales, proporcionando prestaciones de urgencia como complemento a la mísera cuantía de la renta ,o a la ausencia de la misma, para evitar, por ejemplo, cortes de suministros o desahucios. Algunos decidieron crear estructuras grupales para trabajar con las familias, grupos de apoyo, grupos informativos…que poco a poco se vieron engullidos por el prestacionismo y la sobrecarga asistencial, “no hay tiempo” para grupos… o al menos así lo he ido viendo yo por mi tierra.

La Ley contemplaba como una de las acciones  “Impulsar proyectos comunitarios y programas transversales, buscando la participación social…”  pero como también se podía hacer otras cosas como “Gestionar prestaciones de urgencia social”, ahí tuvimos un problema de priorización, desde mi corto entender…

El aumento de situaciones de precariedad económica y laboral así como el incremento en el tiempo de espera para empezar a percibir la RMI, obligaba a la cobertura de las necesidades  a través de prestaciones para poder sobrevivir:

• “Es que ahora mismo, la situación económica se ha convertido en una prioridad, y eso dificulta que puedas hacer otra intervención, que hasta ahora podíamos hacer, pero ahora la prioridad es pagar la luz, o el alquiler…y eso dificulta mucho nuestro trabajo”  (Técnica Municipal)

También podíamos conocer opiniones como:

• “El decreto de la RMI es una decisión ideológica, hay un colectivo con personas que tienen dificultades en su autonomía personal y la Administración las quiere tener “controladas” (Economista. Universitat de Lleida).

Fruto del estudio, de hablar y reflexionar con profesionales de los SSB, con ciudadanos afectados y dependientes del sistema, con compañeras del 3r sector, llegamos a 10 recomendaciones, algunas de las cuales se han hecho efectivas. O al menos, eso parece. Una de las propuestas realizadas desde el sentido común – el menos común de los sentidos hoy en día-   fue:

“Los individuos o familias que se encuentran en situación de pobreza tienen derecho a acceder a una renta garantizada de ciudadanía con que asegurarse el mínimo de una vida digna. De esta manera garantizaría la cobertura y la universalización de la prestación sin dejar gente en la estacada a pesar de tener una situación de riesgo social, evitando su desprotección social.”

Han sido unos años duros, empezaron con una propuesta de ILP que se ha hecho realidad con la Ley de la Renda garantida de ciutadania (RGC) que es la prestación social a través de la cual se garantiza el mínimo de vida digna a las personas y familias que se encuentran en situación de pobreza, con el fin de promover su autonomía y su participación activa en la sociedad. Es una prestación social de naturaleza económica y percepción periódica.

¿TENEMOS EN LA RGC UNA OPORTUNIDAD?

La renta garantizada de ciudadanía (RGC) es un derecho subjetivo y consiste en dos prestaciones económicas: una prestación garantizada, no condicionada, sujeta a los requisitos establecidos en la ley. Y una prestación  complementaria de activación e inserción, condicionada a un compromiso de seguir un plan de inserción laboral o social, que tiene como objetivo superar las condiciones que han llevado a necesitar la prestación.

Léase aquí la info clave.

Y bien. Llegamos a un mejor camino. O al menos eso creo. O eso debería ser. Y aquí los y las profesionales de los SSB, que, lejos de aplaudir la iniciativa, estamos… ¿angustiad@s?

Vais a permitirme hacer de abogada del diablo ante las preguntas que se empiezan a lanzar desde las algunas profesionales:

• ¿Y las familias van a seguir cobrando la prestación básica si no siguen el plan de inserción social?
  • Pues sí.
• Y… ¿Como “controlaremos” a las familias” si siguen cobrando sin hacer “nada”?.
  • Pues no las podremos “controlar” porque igual no es la estrategia… ¿quizás tendremos que ponernos las pilas y pensar estrategias de intervención social de verdad, vaya, “distintas”? ¿incorporar y sumergirse en distintos modelos de intervención social? Ahí tenemos un reto.
  • Quizás tendremos que preguntarnos ¿qué es la intervención comunitaria, como puedo yo, pobre de mí, generar nuevos procesos de cambio en la comunidad en la que trabajo? ¿Y si no sé?… puedes aprendemos, ¿no?
• ¿Y qué pasará con las familias que abandonen, o no sigan, o no puedan seguir un plan de inserción laboral?
  • Que seguirán cobrando la prestación garantizada. Así podrán pagar, al menos, la cobertura de sus necesidades básicas y podremos valorar con ellos qué ha pasado, que podemos hacer juntos, hacia donde quieren y pueden ir, sus expectativas, sus sueños, sus frustraciones, sus miedos… sus potenciales, sus capacidades, su carga familiar, su sobrecarga económica, sus…
• ¿Y cómo lo haremos para asegurar que nuestros usuarios/as “lleguen” al circuito del SOC –servicio de ocupación de Cataluña- para gestionar su RGC?
  • Pues igual habrá que pensar la manera de informar a la gente de forma global, ¿grupos? y, si es necesario, salir del despacho y acompañarlos, o idear formas seguras de pedir cita previa con ellos, o…
• ¿El SOC estará a la altura para comprender, diagnosticar y filtrar/cribar los casos “sociales” de los “laborales” con una encuesta de 10’ pro-forma que hace un administrativo?
  • Yo creo que no, pero dejémosle una oportunidad, y si llega el momento, tendremos que ver como elevamos propuestas y críticas propositivas al respecto.
• El sistema se ha saturado y no admite citas previas. ¿Qué hacemos?
  • Ayudar a las personas a gestionar sus quejas y reclamaciones. Dirigirnos al Síndic de greuges si hace falta.
• ¿En serio tendré menos carga burocrática y gestión de papeleo?
  • Pues sí, porqué el papeleo se lo comerán en el SOC revisar documentación, pedirla, reclamarla, registrarla…. Con sus riesgos de que lo hagan mal, o con poco “cariño”, claro, porque nosotras el papeleo lo llevamos muy bien –ejem-

¿Se te ocurren más angustias? ¿Tienes propuestas, miedos, alegrías…? ¿eres optimista?¿Hablamos?

¿Vienes al próximo “PARLEM DE…” EL DIA 30 DE NOVIEMBRE A LAS 19H. EN LA BODEGA BAR SISBRIS,- C/ Sant Martí, 16- cañita en mano y ganas de remover la RGC?

Alba Pirla