La compañera Laura Haro realiza en esta entrada en el blog una buena reflexión sobre la ética y los nuevos movimientos sociales.
En los últimos años estamos asistiendo a un estallido de nuevos movimientos sociales que han protagonizado y protagonizan movilizaciones frecuentes: Movimiento 15-M, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, Jubilados Indignados, Alianza contra la pobreza energética, etc. Alzan diferentes voces que quieren ser escuchadas y no despreciadas, que luchan ante la vulneración de los derechos humanos y por la transformación social de las injusticias.
Paralelamente la ética aplicada está en expansión y se debe fundamentalmente a cuatro factores: la secularización del pensamiento, el progreso tecnocientífico y económico, la eclosión del alteraritat y el reconocimiento y el biopoder y el posfordismo.
Las profesiones vinculadas a los servicios sociales y psicoeducativos son de alto riesgo ético en la medida en que intervenimos en la vida de las personas, intervención que se orienta a conseguir unos valores y un bien deseable para las personas, los grupos o las comunidades.
“Las personas que trabajan en el ámbito social pertenecen a un grupo de profesionales que habla a las personas …” (Canimas, 2011. pág. 36), y donde por tanto, el aspecto relacional de su trabajo es muy importante , pero también debemos tener presente que la intervención se hace bajo el paraguas de un marco normativo, de unos presupuestos, de una entidad y / o institución, etc.
Me parece que cada vez más en un contexto socioeconómico complejo, con la eclosión de voces de la que hablábamos y el protagonismo creciente de la sociedad civil y la profundización y extensión de los derechos humanos; los profesionales del ámbito social nos sentimos más cuestionados, interpelados y fiscalizados y en algunas ocasiones parece que tengas que acabar dando explicaciones de tus actuaciones a todos.
Pienso que los profesionales del ámbito social, principalmente los que trabajan en la administración pública y están en la trinchera apoyando a las personas y / o familias, se les plantea el reto de pensar, reflexionar y debatir primero a nivel interno, cuál debería ser el encaje con estos nuevos movimientos sociales que están en auge, para luego establecer un proceso de diálogo con ellos, que nos permita convivir en el espacio y buscar alianzas para luchar contra situaciones de exclusión social, de desigualdad, de injusticia social y para promover el cambio social.
El hecho de que las profesiones sociales sean propias del modelo de organización de la complejidad social que Foucault caracterizó como biopoder (Canimas, 2011, pág. 36), y que éste se concrete en la biopolítica de la que formamos parte los profesionales de la acción socioeducativa, nos convierte en garantes de la estrategia política. Pienso que esto hace que en algunas ocasiones estos nuevos movimientos sociales y grupos de presión, caracterizados por la confrontación con el poder, nos señalen, principalmente los que trabajan en la administración pública, como los culpables o cómplices de determinadas situaciones. Nos olvidamos así que el poder de estas profesiones no se manifiesta oprimiendo, sino “fundamentalmente creando saber, discursos, conductos, moralidad, necesidades, orden.” Son profesiones que, entre otras cosas, también promueven el cambio social al igual que los co lectivos de organizaciones o movimientos sociales.
Por tanto, si perseguimos lo mismo, la actuación de estos movimientos sociales no debe pasar por venir a juzgar y fiscalizar nuestro trabajo, ni poner en nuestra contra a las personas y / o familias en las que estamos apoyando profesionalmente, y subrayo profesionalmente porqué que la intervención que hacemos se hace siguiendo un procedimiento y con unos criterios “profesionales,” y a veces esta intervención debe pasar por situaciones complicadas como proponer una medida de desamparo de un menor, iniciar un proceso de modificación de la capacidad de obrar , etc.
Recogiendo las palabras de la Degana del Colegio Oficial de Trabajo Social de Cataluña, Núria Carrera, “el hecho de que la trabajadora gestione los recortes o las soluciones a medias, hace que la ciudadanía las confunda. Se interpreta que quien tiene la responsabilidad de esta pérdida de derechos es el profesional que los atiende ”
Como dice Alejandro Rodriguez, trabajador social y escritor, “qué pensaríamos de una persona que, armada con unos alicates, se dedicara a extraer muelas solamente amparada por el deseo de aliviar el dolor ajeno?” (Rodriguez, 2015, pág. 152)
Pues sí, algunas veces nos encontramos con la interrupción o intromisión de personas no formadas, que forman parte de movimientos sociales o de otros sectores, y que con toda la “buena voluntad” del mundo, “intervienen” y “actúan” al margen los criterios de los equipos profesionales, poniéndonos en contra las personas y juzgando nuestro trabajo.
Para Joan-Carles Mèlich, “no hay ética para que sepamos cómo resolver una situación, sino todo lo contrario, porque no sabemos cómo resolverla, porque siempre existe la posibilidad de responder de otro modo, más adecuadamente” ( Canimas, 2011, pág. 54).
Por eso pienso que nos plantea el reto de reflexionar en torno a la relación entre las profesiones vinculadas a los servicios sociales y psicoeducativos y los movimientos sociales. Y hay que sumar a estos a la hora de incrementar la visibilidad de todas aquellas cosas que no van bien.
Material consultado:
· Canimas, J. (2011). Ética aplicada a la educación social. Barcelona: FUOC.
· Rodriguez, A. (2015). De gallegos, tucanes y trabajador sociales. Madrid: Gerust Creaciones, S.L.
· Carta Abierta a la PAH. Núria Carrera, Decana del Colegio Oficial de Trabajo Social de Cataluña.
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